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Denuncia de fraude tendrá como principal afectado al conocido Grupo de Acción Política Texcoco (GAP)



En Sonora se está por revivir una denuncia por el desvío de 65 millones de pesos destinados a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, cuyos imputados son los colaboradores del exgobernador panista Guillermo Padrés, pero que, irónicamente, tendrá como principal afectado al conocido Grupo Texcoco de Morena (GAP).


Hablamos de la cofradía que formaron el actual subsecretario del Empleo, Horacio Duarte, y el senador Higinio Martínez, quienes en una especie de reedición del priísta Grupo Atlacomulco, tienen como objetivo adueñarse de la entidad con mayor número de votantes, el Edomex, para después consolidarse como la clase política más poderosa del país.


Resulta que hace un par de años el Grupo Texcoco adoptó en su seno a uno de los principales asesores jurídicos de Padrés Elías. Se trata del hoy diputado federal por Morena Sergio Carlos Gutiérrez Luna, exsecretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora.


Según una denuncia presentada por el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, Derechos Humanos y Democracia, A. C., Gutiérrez Luna es el principal imputado en el desvío millonario que se detectó en el proceso de implementación judicial, el cual terminó colocando a Sonora como el estado con mayor rezago en la materia.


Si bien la denuncia tiene ya un tiempo archivada en la Fiscalía General de la República, lo que Duarte y Martínez deberían saber es que recientemente se han aportado nuevos datos a la indagatoria, mismos que confirman que Gutiérrez Luna incurrió en acciones que derivarían en responsabilidades penales o, como mínimo, administrativas; esto por utilizar su encargo en beneficio de empresas de su propiedad o de ya identificados prestanombres.


De entrada, se ha documentado recientemente que para asesorarse en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia en Sonora otorgó el acuerdo CINSJP-SE-CON-003/2013 a la persona moral Falcón Expertos en Opinión Pública S. de R. L., representada por Nancy Fabiola Ramírez Pastrana, ni más ni menos que la administradora de su despacho Gutiérrez Luna Abogados, S. C; el mismo con el que cobraba sus servicios al gobierno de Guillermo Padrés.


Además, se han identificado vínculos del diputado Sergio Gutiérrez con la firma Freydig Industrial S.A. de C.V., a la que entregó, sin licitación de por medio, diversos contratos para realizar estudios sobre la infraestructura necesaria para el nuevo sistema judicial; todos estos en 2013 y por un monto mínimo de 33 millones de pesos.


Cabe destacar que según la información que circula hoy en día entre las autoridades de Sonora, dicha infraestructura nunca fue materializada, por lo que se pretende también incorporar a las denuncias a los propietarios de esta personal moral, de nombre Jorge Freydig Bernal y Ana Lourdes Jiménez Molina.


Además de Freydig Industrial, considerada una de las empresas consentidas del gobierno de Padrés por la condonación de diversos conceptos fiscales, se le sigue la pista a la compañía Bunker Consulting Group, S.C., firma regiomontana a la que Gutiérrez Luna firmó, también sin licitación alguna, la mayoría de órdenes de pago relacionados con los 180 millones pesos que se destinaron en total para el proyecto.


Finalmente, y como una de las más recientes investigaciones incorporadas al expediente, se denuncia que en 2012 Gutiérrez Luna aprovechó su cargo para adquirir dos terrenos a precios preferenciales desincorporados por el Ayuntamiento de Hermosillo, lo cuales, mediante la escritura pública No. 736 de la Notaría Pública No. 95 del estado de Sonora, terminaron en manos de la compañía Inmobiliaria Zutier S. de R.L. de C.V., la cual es representada en el documento por el propio diputado morenista.


Con información de "El Universal"

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