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Entró en vigor la Ley de Amnistía; liberar delincuentes, ¿será la mejor opción?



En el marco de una pandemia a nivel mundial ha cobrado casi 200,000 vidas, el Congreso de la Unión de nuestro país ha puesto en la punta de prioridades la resolución de la Ley de Amnistía que fue propuesta por el presidente en septiembre del año pasado y que en días pasados urgió aprobar.


Esta ley ha desatado una serie de controversias y debates, en cuanto a si se trataba de un tema prioritario en el marco de acciones humanitarias urgentes con motivo de la crisis sanitaria o si, por el contrario, había una serie de temas que debían ser atendidos por el Congreso de la Unión antes que un mero capricho presidencial.


La realidad es que la Ley aprobada resulta un completo despropósito no solo en el marco la pandemia, sino que era errática antes y lo es ahora. Ello no porque la política punitiva de nuestro país y las deficiencias del sistema de justicia no sean un tema prioritario, de hecho, lo son.


El problema es que ante un problema mayúsculo se dan soluciones falaces, carentes de la menor lógica procesal, que atropellan la división de poderes y que en palabras muy concretas no solucionan un problema con o sin pandemia.


Lo peor de todo es que incita entusiasmos infundados en los anhelos de la sociedad que ha pugnado por un sistema mucho menos punitivo y más justo, así como en la vida de personas que enfrentan un procedimiento penal o que están sentenciadas y que ven en las líneas de esta nueva ley una solución que difícilmente llegará.

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