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Proponen hasta 7 años de cárcel a quien lucre con tanques de oxígeno por Covid en CDMX



Quien abuse por la venta o alquiler de tanques y concentradores de oxígeno será castigado con cárcel de cuatro a siete años y multas de 75 a 200 días del salario mínimo, además si el ilícito los realizan durante una emergencia sanitaria, las penas aumentarán en una tercera parte.


Así lo propuso este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente, la diputada local de Morena, Esperanza Villalobos Pérez, quien busca sea reformado el artículo 232 bis del Código Penal capitalino.


Explicó en su iniciativa que busca sancionar a quienes cometen fraude con la venta y recarga de oxígeno, en el marco de la actual situación de pandemia por Covid-19, “pues se está atentando directamente contra la vida de las personas”, afirmó.


Recordó que la Ciudad de México, junto con el Estado de México, es la entidad más afectada por el enorme flujo de personas que aquí habitan, por lo que es la que registra mayores tasas de confirmados, negativos y sospechosos por el Covid-19.


Por ello, destacó Villalobos Pérez, se requieren de más insumos médicos para combatir los síntomas que deja la enfermedad.


Detalló que el oxígeno siempre ha sido un elemento vital, que se ha vuelto muy preciado actualmente, porque los síntomas graves del Covid son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, el dolor opresión en el pecho y la incapacidad para hablar o moverse.


Explicó la morenista que, si bien, dichos padecimientos no son curados por apoyo de un tanque de oxígeno o de un respirador artificial, si constituyen un aditamento fundamental para que las personas puedan seguir dando la batalla contra la enfermedad.


Debido a ello, lamentó que hayan surgido personas que aprovechan esta nueva y creciente necesidad, para sacar ventaja de la vulnerabilidad de las personas, al incrementar los precios de esos insumos.


De allí que, advirtió, cada día son más las noticias donde las personas se quejan por haber sido víctimas del delito de fraude.


La iniciativa fue enviada para su análisis y viabilidad a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

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